Desde 1992 no se observaba en el país una crisis multidimensional de los servicios públicos domiciliarios como la que enfrentamos en este gobierno. Es el momento de pensar de nuevo en una reforma estructural que le devuelva a la sociedad colombiana la eficiencia en la prestación de estos servicios, así como la confianza en las empresas y en la institucionalidad regulatoria.

No son alentadoras las noticias que divulgan los medios de comunicación sobre el estado de los servicios públicos en el país. En los últimos meses los colombianos comenzamos a preocuparnos por el nivel que presentaban los embalses e incluso estuvimos cerca de sufrir un apagón eléctrico por culpa del fenómeno de El Niño de 2024. De manera simultánea, enfrentamos una crisis de suministro de agua en Bogotá que produjo un racionamiento como no sucedía en la ciudad desde hace más de cuarenta años.  

En cuanto al servicio de gas, insumo esencial para el bienestar de las familias y el desarrollo de las empresas, al inicio del presente año recibimos con sorpresa la noticia de perder, por primera vez en los últimos cincuenta años, la autosuficiencia en términos de su suministro. El panorama es claro: obligará a la importación de gas en el futuro, con un incremento en las facturas que pagan los colombianos.

Las dificultades que atraviesan los servicios públicos domiciliarios también se observan en la tensa situación que tiene la prestación del servicio de energía eléctrica, en donde los proyectos con energías limpias no arrancan debido a las trabas que generan las consultas previas, no hay un escenario de confianza por parte de inversionistas en el desarrollo de nuevos proyectos de generación, y adicionalmente los distribuidores de energía eléctrica enfrentan una crítica situación financiera que se explica por el recorte de los recursos públicos provenientes del presupuesto nacional que percibían estas empresas para pagar los subsidios a los estratos menos favorecidos.

En materia de comunicaciones el panorama tampoco es alentador, si se considera la difícil situación financiera que atraviesan los operadores públicos, como la ETB y Emcali, y las de algunos operadores privados que ponen en peligro su operación. Está pues comprometida la competencia entre varios agentes, elemento indispensable para el desarrollo de los servicios y medios digitales en el país.

En síntesis, bajo una visión general, el sector de los servicios públicos de red enfrenta quizás la prueba más difícil desde 1992, cuando el país sufrió el apagón. En conjunto con la crisis del sector de salud, estos serán los frentes sociales más complejos que tendrá que gestionar el gobierno nacional en los próximos meses.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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