► Presupuesto General de la Nación 2025 - 19 de septiembre
Este miércoles se conoció un hecho que incrementa las dudas sobre el presupuesto del próximo año, para el que el Gobierno Nacional propuso un monto de $523 billones.
En atención a una solicitud de la representante Katherine Miranda, la Secretaría del Senado confirmó que el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 fue negado.
Esto, teniendo en cuenta que las comisiones económicas del Congreso deliberaron por separado y en ese proceso la cuarta del Senado lo votó negativamente. La respuesta se dio luego de que el 15 de septiembre venciera el plazo para que se aprobara un monto en el Legislativo.
Senadores y representantes habían asegurado que con una comisión que votara negativamente la cifra del presupuesto se caería, pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que los $523 billones seguían vigentes porque para tumbarlos tendría que haber un rechazo unificado de las cuatro comisiones económicas.
Así las cosas, persisten las dudas de lo que pasará con la billetera estatal y por el momento se rumora que el Gobierno tendría que recortarle $12 billones, que son los que dependen de la realización de la reforma tributaria.
No obstante, en el marco jurídico está establecido que el presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley relacionado con recursos adicionales –en este caso la reforma tributaria–, cuyo trámite podría continuar en la siguiente legislatura.
Si el Congreso no expide el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, regirá el presentado por el Gobierno, incluyendo las modificaciones hechas en primer debate.
El trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 ha sido bastante dinámico. Aquí tienes un resumen de los pasos más importantes:
Presentación del Proyecto: El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, presentó el proyecto de ley del PGN 2025 ante el Congreso de la República el 29 de julio de 2024.
Debate en Comisiones: El proyecto fue debatido en las Comisiones Económicas de ambas cámaras del Congreso. Hubo un enfoque en la reactivación económica, la justicia social y la justicia ambiental2.
Aprobación en Cámara de Representantes: El 3 de diciembre de 2024, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto con algunas modificaciones hechas por el Senado.
Aprobación en el Senado: El Senado también aprobó el proyecto con ajustes adicionales, incluyendo un aumento salarial para los legisladores.
Remisión al Ejecutivo: El proyecto aprobado fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Decretado por el Gobierno: Debido a la falta de consenso en el Congreso sobre el monto total, el Gobierno Nacional decidió decretar el presupuesto por $523 billones, con un faltante de $12 billones que depende de una reforma tributaria

► Sistema General de Participación -  7 de marzo
Los recursos del Sistema General de Participaciones constituyen una de las más importantes fuentes de financiación para la inversión local, especialmente para los municipios de las categorías 4, 5 y 6 (referirse a la ley 617 de 2000 que trata sobre la categorización de las entidades territoriales).
Su importancia radica en que sus recursos financian los servicios a cargo de los municipios y demás gobiernos subnacionales, principalmente en: el sector educación, salud y agua potable y alcantarillado, así como de otros sectores. La fórmula del SGP está basada en una combinación de criterios como: población atendida, equidad social y criterios de eficiencia.
El sistema tiene reglas específicas sobre los requisitos y distribución que se realiza por cada sector y opera bajo un sistema de certificación de los municipios: los municipios certificados cuentan con ciertas responsabilidades exclusivas, así como mayor autonomía para administrar sus recursos.
► Veamos cómo surgió este sistema:
► Marco Legal:
El SGP se estableció en Colombia a través de la Constitución Política de 1991. Los artículos 356 y 357 de la Constitución otorga a las entidades territoriales la autonomía para gestionar sus intereses y competencias.
La Ley N° 715 de 2001 también es fundamental en la creación del SGP. Esta ley define la naturaleza del sistema y establece los recursos que la Nación debe transferir a las entidades territoriales para financiar los servicios públicos locales.
► Funcionamiento:
Los recursos del SGP son una de las fuentes más importantes de financiación para la inversión local, especialmente para los municipios de las categorías 4, 5 y 6.
La fórmula del SGP se basa en criterios como población atendida, equidad social y eficiencia. Estos recursos financian servicios en sectores como educación, salud, agua potable y alcantarillado.
Los municipios certificados tienen responsabilidades exclusivas y mayor autonomía para administrar sus recursos.
► Distribución de Recursos:
El monto total del SGP se distribuye entre las participaciones mencionadas en la ley.
La Ley N° 715 de 2001 establece los valores base para el SGP y garantiza que los recursos sean utilizados para satisfacer las necesidades básicas de la población1.
En resumen, el Sistema General de Participaciones es un instrumento crucial para garantizar la prestación de servicios esenciales en las regiones de Colombia.

► PIB y economía nacional - 22 de agosto
El sector agropecuario se consolidó como motor de la economía colombiana en el segundo trimestre de 2024, según el último informe del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la crisis en el renglón lechero, los incrementos en precios para productores o los golpes del Fenómeno de El Niño durante gran parte de 2024, entre otros problemas, suscitaron dudas en las redes sociales sobre los datos presentados por el DANE. La entidad tuvo que salir a aclarar cómo realizó los cálculos.
A partir de este hecho queremos saber ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se mide? ¿Qué tanto refleja realmente la realidad de la economía nacional?

► Transición energética - 30 de mayo
La transición energética en Colombia es un proceso desafiante. Al igual que como sucede en muchos países de América Latina y el Caribe, diversificar las maneras de producir y consumir energía en base a fuentes renovables para mitigar los efectos del cambio cli mático no es una tarea simple.  
Pero lo cierto es que los proyectos de transición energética son una oportunidad única para la región latinoamericana por la abundancia en recursos naturales renovables en el territorio. De hecho, Colombia es el sexto país del mundo con el mayor recurso hídrico renovable. Además presenta un 60% de nivel de radiación solar más alto que el promedio mundial.
En el año 2021, Colombia sancionó la Ley 2099/21 con el objetivo de promover la utilización de fuentes no convencionales de energía y de incentivar la eficientización de los recursos energéticos de este país. ¿Pero qué significa exactamente esta ley y en qué etapa se encuentra la transición energética de este país?
El modelo de Transición Energética que se ha gestionado busca legitimar las transformaciones por medio de la política pública. Lo más actualizado en esa materia está contenido en dos documentos rectores: el CONPES 4075 (Departamento Nacional de Planeación, 2022), y el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2234, del 2023). Ambos documentos se ubican en el eje de transformación productiva y acción climática, donde se enfatiza en el hecho de que los usuarios podrán “generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos” (Ministerio de Minas y Energía, 2023), perspectiva novedosa en la medida en que el financiamiento pasaría directamente a las organizaciones sociales.
Los lineamientos de la política propuesta por el gobierno nacional podrían resumirse en:
1. Vincular activamente, a través de financiamiento público directo, a los pequeños productores, cooperativas y ciudadanías en el proceso de generación de energías limpias, priorizando a las Zonas No Interconectadas en lo que se conoce como Comunidades Energéticas, y priorizando la producción de energía solar en la Guajira, por medio de un modelo de economía mixta con el pueblo Wayúu, los trabajadores del carbón y los municipios.
2. Crear un fondo para la transición energética, que se nutrirá de recursos de las regalías de la explotación de petróleo, carbón y las hidroeléctricas; así como potenciar la creación del Instituto Nacional de Energías Limpias.
3. Rescatar la selva amazónica a través de la venta de bonos de carbono y el aumento de las tarifas impositivas a los productos intensivos en dióxido de carbono.
4. Ecopetrol garantizará combustibles para los próximos 15 años, avanzando su aporte en la industria petroquímica e incursionando en la producción de energías limpias. Además de la detención de los proyectos pilotos de fracking, explotación o exploración de yacimientos costa afuera y la suspensión de nuevas licencias para la explotación de petróleo, en respeto de las decisiones de las consultas populares.
5. Proteger la pequeña minería, ancestral y artesanal, apoyándola técnica y económicamente para que logre avanzar a formas de producción superiores, que minimicen su impacto ambiental.
Sin embargo, el nivel de avance obtenido bajo esta proyección es mínimo. En términos generales, los incumplimientos y límites se pueden sintetizar en:
1. De las 15 489 comunidades energéticas postuladas a la fecha, ninguna ha iniciado por causa del trámite que implica dicha iniciativa en relación a la transferencia de recursos y el cumplimiento de las metas por parte de los beneficiarios.
2. El fondo de transición energética aún no entra en funcionamiento y no se conoce su articulación con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), creado en el 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
3. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, como referente de articulación del movimiento social campesino y étnico en el país, se ha mantenido crítica con la implementación de bonos de carbono, en lo que ha denunciado como capitalismo verde, donde pocos recursos se quedan en los países que se dedican a la conservación, mientras las potencias industriales siguen incrementado sus ganancias y la contaminación del planeta.
4. Para que Ecopetrol cumpla con lo proyectado, debe tecnificar y diversificar el proceso de producción de energía. Sin embargo, los trabajadores organizados en la Unión Sindical Obrera han manifestado que, para avanzar en esa perspectiva, Ecopetrol debe ser nacionalizada, lo que implica que el Estado compre las acciones que fueron privatizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que, paralelamente, avance en la recuperación estatal de los contratos más importantes de explotación petrolera por parte de capital extranjero —situación que tampoco ha tenido luz verde.
5. Aunque es importante apoyar la transición de la pequeña minería, ancestral y artesanal a formas de producción limpias, si estas no cuentan con al apalancamiento de una empresa público-popular, tal como lo ha propuesto la Agencia Nacional de Minería, esta apuesta no pasará del asistencialismo de las federaciones locales.
En proyección, el gobierno nacional busca vincular a la base social a su política de transición energética, evitando que los recursos se queden en manos de la intermediación de las entidades territoriales o de operadores externos, a la vez que va posicionando su agenda de lucha contra el cambio climático.
Efectivamente, pretende vincular a las comunidades en el proceso de producción de energía para atender su propia demanda a través de fuentes no convencionales de energía renovable, y si esto se lograra ejecutar, seguramente tendrá impactos sobre la descarbonización de la economía, la descentralización en la generación de energía y el aprovechamiento comunitario de los recursos energéticos.

► Exploración, consumo y explotación de gas en Colombia - 10 de octubre
La información sobre el descubrimiento de un gigantesco yacimiento de gas natural en las costas del Caribe colombiano no es otra cosa que la confirmación de un anuncio de 2022. La única revelación es que los ingenieros acertaron en las dimensiones proyectadas hace dos años. De todos modos, los medios lo han repetido: se trata de los depósitos localizados más promisorios desde los 90 en el país suramericano.
Las estatales Ecopetrol y Petrobras confirmaron el pasado 3 de octubre el hallazgo en Colombia de reservas de gas de 6 terapies (tpc) cúbicos de gas en el pozo ‘offshore’ Sirius, lo que supone el descubrimiento más grande de las últimas décadas y garantiza la seguridad energética del país de los próximos años.
El anuncio lo dio el gerente general de activos exploratorios de Petrobras, Rogeiro Suárez, en el marco de la VII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, donde indicó que “este proyecto puede garantizar la seguridad energética por décadas”.
Suárez comparó la capacidad de Sirius con el campo Chuchupa (ubicado en La Guajira), “que le ha dado gas natural a Colombia en los últimos 45 años”. Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia indicó que “este es un importante anuncio para la soberanía y seguridad energética del país. Los 6 tpc representan al menos 2,5 veces las reservas probadas en el país”.
Sin embargo, y a pesar de este optimista anuncio, en la mañana del martes 8 de octubre, las principales asociaciones del sector energético en Colombia advirtieron sobre una crisis que amenaza con intensificarse en los próximos meses si no se toman medidas urgentes.
Organizaciones como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia señalaron que los problemas financieros, el cambio climático y decisiones gubernamentales inadecuadas están afectando gravemente el equilibrio entre la oferta y la demanda energética en el país. Uno de los llamados más preocupantes proviene del sector del gas natural, que ya puso fecha límite para una situación de escasez.
En cuanto al suministro de gas, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, fue tajante al afirmar que el país no cuenta con suficiente combustible para garantizar el servicio continuo a toda la demanda. Según Murgas, el déficit de gas se volverá una realidad a partir del 1 de diciembre de 2024, y la única solución a corto plazo sería que el Gobierno autorice la comercialización de gas importado.

► Precio de los combustibles en Colombia - 12 de septiembre
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, exactamente en 1998, se adoptó el criterio de que los colombianos pagarían el precio del petróleo según su cotización en el mercado internacional, en lugar de basarlo en el costo de producción en el país.
La teoría detrás de este enfoque es la del costo de oportunidad para los productores. Es decir, se le paga al productor el precio internacional del petróleo porque él podría venderlo en el exterior en lugar de venderlo internamente. De esta manera, se le compensa esa diferencia.
La tesis del costo de oportunidad para el productor favorece a los países importadores de petróleo. Sin embargo, perjudica a los países productores, ya que les quita competitividad al tener que pagar un producto a un precio que supera su costo interno real. Así, los obliga a renunciar a la ventaja comparativa de disponer del recurso.
En Colombia se ha mantenido este enfoque de pagar al productor al precio internacional. Esta decisión ha generado un aumento constante en el precio de la gasolina de Colombia. Desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023, el precio se incrementó COP $3.200, como se puede calcular a partir de la información del Ministerio de Minas y Energía.
Periódicamente se reaviva la polémica sobre la fórmula o fórmulas con las cuales se define el precio de los combustibles en el país. Por eso queremos explorar la manera cómo se calcula y qué otras opciones hay.

► Financiación de la investigación - 26 de septiembre
Un video que recientemente publicó el doctor Jorge Enrique Gómez Marín, científico y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío, prendió las alarmas sobre el presupuesto destinado a las investigaciones al interior de las universidades públicas de la región.
Gómez, quien también dirige un grupo de investigación en parasitologías molecular, señaló en su video que: “estamos muy preocupados con la falta de presupuesto y vemos cómo en los últimos años la reducción es cada vez mayor, aunque esto no es nada nuevo, los niveles a los cuales hemos llegado son bastante preocupantes”.
Y agregó que “todos los indicadores de producción científica del país se están desplomando y principalmente no se está dando oportunidad a los jóvenes investigadores, no hemos vuelto a tener convocatoria del programa Virginia Gutierrez de Piñeres, que ofrece becas para los jóvenes en áreas de ciencias básicas y oportunidades para iniciar una carrera en ciencias”.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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