Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
Panel de Accesibilidad
AHORA
Metal.CO
Análisis UNAL

Relaciones Iglesia-Estado en Colombia

Reproducciones: 0

El gobierno del presidente Gustavo Petro está avanzando en un convenio con al menos 800 iglesias registradas en Colombia. Según conoció El Espectador, este acuerdo les permitiría contratar libremente con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables. Lo anterior a pesar de que esas instituciones no pagan impuestos. Pero la controversia alrededor de la posible cercanía estratégica del Gobierno con los sectores más religiosos no es nueva y, de hecho, esta podría ser una “nueva juagada” para poner de su lado a los siete congresistas del Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres, cuya bandera de representación es la agenda religiosa. El Gobierno nacional podría estar buscando apoyo en el sector más religioso del congreso con nuevo convenio entre el Estado y las iglesias - crédito Mariano Vimos/Colprensa El Gobierno nacional podría estar buscando apoyo en el sector más religioso del congreso con nuevo convenio entre el Estado y las iglesias - crédito Mariano Vimos/Colprensa Según dijo a El Espectador Marco Jesús Suárez, director encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos, el objetivo es flexibilizar los requisitos para que nuevas organizaciones religiosas puedan unirse al proceso. Aunque aún no hay fecha para la convocatoria, se espera que, entre 800 y 1.000 iglesias, de las 11.000 que hay en total en el país, se adhieran al convenio. Específicamente cambiaría el requisito de antigüedad: pasaría de 20 a 10 años desde su constitución para poder celebrar contratos con el Estado. En junio de 2023, ocho iglesias católicas y cristianas firmaron un convenio similar al propuesto ahora; entre ellas, estaba incluida la Iglesia Ministerial, que cuenta con su propio partido político (MIRA) y tiene cuatro curules en el congreso. Esta alianza generó indignación por parte de algunos legisladores; fue el caso de Katherine Miranda, quien acusó al Gobierno nacional de haber “vendido el alma al diablo”. Mientras tanto, el Ministerio del Interior justificó esta decisión como un respaldo a la libertad de culto.

Lunes de Política

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

Twitter: @RadioUNAL@RadioUNALmedellin Instagram: @RadioUNAL Facebook: @RadioUNAL