Luego de 33 meses de dar tumbos a diestra y siniestra que incluyeron la presentación de dos proyectos de ley, uno fracasado y otro con pronóstico reservado, además de abortar la coalición inicial de gobierno, el Ejecutivo expidió el Decreto 858 el 30 de julio de 2025, que regula el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, el cual había sido lanzado el 3 de noviembre de 2022 en Aracataca, Magdalena, por el presidente Petro y su entonces ministra Carolina Corcho. Este modelo si bien tiene importancia estratégica, no forma parte de los reclamos sentidos de la población, ni resuelve los problemas financieros inmediatos, tampoco la insuficiencia o desvío de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ni la escasez de medicamentos. La pregunta que surge entonces es: ¿Por qué el Gobierno se demoró tanto tiempo sabiendo que habría podido poner en práctica el modelo preventivo desde el principio apoyándose en las normas legales y constitucionales ya existentes?

La respuesta parece estar ligada al interés político-ideológico inicial del Gobierno de convertir el modelo preventivo, que no tiene oposición, en un motor impulsador de una reforma estructural que le permitiera lograr el “manejo público de los recursos públicos”, eliminando de paso el papel de intermediario financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sindicadas de ser el enemigo principal. El modelo preventivo solo requiere desarrollar normas ya existentes, pero la eliminación o cambio de papel de las EPS sí requiere la modificación de la Ley 100 de 1993. Parecería entonces que se abandona la lucha contra la intermediación como objetivo prioritario, pese a haber logrado avances importantes pero provisionales con la ley del plan y las intervenciones de las EPS que han permitido establecer los giros directos a las IPS en nueve de 28 EPS. No obstante, el hecho desencadenante de este cambio de estrategia con la decisión de desligar el modelo preventivo de la reforma fue el nombramiento como presidente de la comisión séptima de Senado del senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien, como se sabe, es un acérrimo enemigo de la Reforma de Salud propuesta por el Gobierno.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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