Un reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las universidades públicas reavivó la idea de que estas deberían sostenerse con recursos propios. Sin embargo, una lectura crítica del estudio muestra que el problema no es la supuesta ineficiencia institucional, sino un modelo de financiación que traslada al mercado una responsabilidad que es, ante todo, fiscal y política del Estado.

El estudio Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas (2019-2024), publicado recientemente por la Contraloría General de la República, analiza la situación de las 34 universidades públicas del país y concluye que el sistema universitario estatal atraviesa una fragilidad financiera de carácter estructural, lo que compromete la calidad y la sostenibilidad de estas instituciones.

Según el órgano de control, entre las causas de esta situación se encuentran la alta dependencia de las transferencias de la Nación, una limitada capacidad de autofinanciación, las profundas desigualdades entre instituciones nacionales y territoriales, los gastos generales y los costos de nómina, así como la carga del pasivo pensional.

No obstante, la mayoría de las reacciones en la prensa han privilegiado el hallazgo sobre la autosuficiencia financiera de las universidades públicas. El estudio revela que solo una universidad pública —la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)— logra cubrir la totalidad de sus costos y gastos operativos con recursos propios, mientras que el 97% restante no alcanza a sostener su funcionamiento sin recursos del Estado.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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