En 1995, el gobierno colombiano por medio de la Ley 233 dio un paso pionero al otorgar a la factura electrónica la misma validez que a su contraparte en papel, convirtiéndose en uno de los primeros países de Latinoamérica en hacerlo.
En ese entonces, la factura electrónica en Colombia era utilizada principalmente por el sector financiero y algunas grandes corporaciones que buscaban agilizar sus procesos administrativos y reducir costos. La adopción temprana de este sistema demostró los beneficios potenciales que podía brindar, lo que impulsó su evolución y expansión en los años siguientes. En 1996, un año después de reconocer la validez de la factura electrónica, surgió el concepto de la “factura por computador” mediante el Decreto 1165.
Sin embargo, a pesar de este avance, no fue sino hasta el año 2007 cuando se estableció la normativa y la regulación técnica necesaria para definir claramente cómo debía expedirse, entregarse, aceptarse y conservarse la factura electrónica. Esto se logró mediante el Decreto 1929 y la Resolución 14465, que establecieron las pautas para su implementación y uso en el sistema colombiano.
La factura electrónica es una evolución de la factura física que tradicionalmente se ha entregado en los establecimientos, y tiene su misma validez, con la diferencia de que el proceso es completamente electrónico.
Los responsables de facturar electrónicamente son, principalmente, las personas jurídicas que enajenen bienes y/o servicios; las personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 UVT ($164.727.500) al año; o las personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 UVT ($188.260.000) al año.
Para quienes sean responsables de adoptarla es importante tener en cuenta que se necesita un software para hacerlo (puede ser propio, a través de un proveedor tecnológico, o con la opción de facturación gratuita de la Dian). Según cuentas oficiales, más de 751.000 empresas han acogido este mecanismo en el país.
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