“Las escuelas deben ser lugares para aprender, no para la violencia. Es inaceptable que los estudiantes se vean obligados a tumbarse en el suelo y arrastrarse para encontrar un lugar seguro donde salvar sus vidas. Las niñas y niños no deberían sufrir lesiones ni traumas que afecten su capacidad de aprender. Deben respetarse las reglas de la guerra y los civiles que se encuentran en las escuelas no deben verse atrapados en el fuego cruzado”, afirmó Giovanni Rizzo, director país de NRC en Colombia.

Nigeria se vio sacudida por dos secuestros masivos de escuelas la semana pasada, con más de 300 niños secuestrados por bandas armadas en el norte del país, azotado por el conflicto. Un recuento de The Associated Press muestra que al menos 1.799 estudiantes han sido secuestrados en una docena de los secuestros más grandes desde el ataque de Chibok en 2014, en el que militantes de Boko Haram secuestraron a 276 colegialas, lo que desató la indignación mundial. La mayoría de los niños han sido liberados, muchos tras el pago de rescates. Otros han escapado.

Evidentemente al escuela es una de las instituciones más afectadas en escenarios de guerra, pues no solo se ve alterado su diario acontecer, sino que su funcionamiento depende en buena medida de lo que esté pasando con la población civil y de la manera como los actores en contienda respeten el Derecho Internacional Humanitario y no procuren involucrar en el conflicto a las niñas, los niños y adolescentes de los territorios donde intervienen.

La investigación realizada demostró que para el caso del corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo en el Urabá antioqueño, para 2015, los actores han afectado profundamente la vida de los escolares. Así por ejemplo, se encontró que el 71 % de las familias de los estudiantes han padecido los efectos de la confrontación; cifra muy superior al promedio de víctimas a nivel nacional, que es del 15 % de la población (Centro Nacional de Memoria Histórica [cnmh], 2013).

Los hechos victimizantes encontrados son variados; se han podido hallar familias víctimas de más de un suceso. Llama la atención que las afectaciones sean múltiples. El 22,8 % de los estudiantes reconoció que su familia había padecido 2 hechos victimizantes; el 4,2 %, haber experimentado 3 hechos victimizantes; mientras que el 1,4%, haber experimentado 4 hechos. Muchas familias pudieron salir de sus veredas o municipios por habérseles asesinado a un familiar; lo que configura hechos victimizantes como el asesinato, las amenazas y el desplazamiento.

Luego de aplicar la encuesta a los 70 estudiantes se procedió a focalizar a 11 de ellos para aplicarles una entrevista semiestructurada (4 hombres y 7 mujeres), con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. A partir de esto se encontraron los siguientes elementos de análisis.

El 54,5 % de los estudiantes considera que las mayores afectaciones que les ha dejado el conflicto son de tipo psicológico, además de la pérdida de la tierra y del arraigo, lo que al fin de cuentas les ha generado traumas. Llama la atención que pese a que esta institución educativa concentra una numerable población víctima del conflicto interno, el 72,7 % de los estudiantes no encuentra un proyecto que procure acogerlos como tales y brindarles apoyo; lo mismo ocurre en temas tan importantes como es el perdón y la reconciliación, asuntos de los que aún no se habla en la institución.

Según los docentes, la mayoría de los estudiantes que estudian en el corregimiento son hijos de los pobladores víctimas llegados a habitar masivamente el territorio en los últimos 20 años.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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