Hace apenas algunos días, el pasado 14 de febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de historia y poder. El funcionario recordó especialmente la crisis de los misiles en Cuba para explicar la lógica de confrontación entre Washington y los regímenes que considera adversarios estratégicos; defendió la presión económica y energética como instrumento legítimo de política exterior; y señaló que Estados Unidos está dispuesto a usar su influencia para cambiar equilibrios en el mundo.
Ese discurso se produjo en medio de una ofensiva estadounidense para restringir el suministro de petróleo hacia Cuba. En los últimos meses, el flujo de crudo venezolano, clave para sostener el sistema eléctrico cubano, se redujo y luego se detuvo de golpe, y proveedores alternativos enfrentaron amenazas de sanciones o restricciones comerciales. El resultado fue una crisis energética que aerolíneas internacionales han confirmado al ajustar rutas por falta de combustible en la isla.
Lo que en Múnich se plantea como estrategia geopolítica, en Cuba se traduce en vida cotidiana.
En La Habana, la electricidad dejó de ser una certeza. Los cortes pueden durar más de medio día en algunos sectores, es decir, entre 14 y 18 horas. Las familias reorganizan su rutina según el horario del apagón: cocinar antes de que se vaya la luz, cargar teléfonos cuando regresa la corriente, guardar agua cuando el bombeo funciona.
El tema ya no es solo interno: la política del gobierno de Donald Trump convirtió el suministro de energía en un punto clave de su estrategia en el Caribe, con efectos económicos, sociales y geopolíticos de amplio alcance.
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