Las casonas patrimoniales del barrio Prado, en el centro de Medellín, hoy albergan a unas 7.000 personas distribuidas en 175 inquilinatos (alrededor de 40 personas en cada uno). Sus habitantes condensan todo su mundo en una sola pieza: cocina, sala, dormitorio y hasta espacio de trabajo. Lejos de desaparecer, esta forma de habitar se ha expandido en la última década por la migración venezolana y el déficit de vivienda urbana de la ciudad.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2024 Medellín albergaba a cerca de 240.000 migrantes venezolanos, alrededor del 10 % de su población, lo que convierte la ciudad en la segunda del país con más presencia de esta comunidad después de Bogotá. En 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE registró 20.184 habitantes en el barrio Prado, de los cuales 8.727 eran venezolanos, es decir el 43 % de la población.
La presión migratoria se cruza con el déficit habitacional de Medellín, que, lejos de reducirse, se ha profundizado. Datos del Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHMED) muestran que en 2023 el déficit cuantitativo alcanzó el 3,82 %, es decir que faltan unas 16.000 viviendas, mientras cerca de 96.000 hogares habitan en condiciones inadecuadas de habitabilidad. Ante este panorama, los inquilinatos se consolidan como una alternativa de vivienda para miles de personas que no logran acceder al mercado formal.
Al ser este sector de la ciudad un entorno patrimonial, la integración de esta comunidad se convierte en un reto, teniendo en cuenta que la institucionalidad adelanta acciones de protección del mismo, priorizando la regularización de los inquilinatos en esta zona y clausurando aquellos que se encuentran en la informalidad.
https://unimedios.medellin.unal.edu.co/bitacora/1396
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