El final del instrumento de agregación de demanda, de Colombia Compra Eficiente (CCE), que les permitió desde 2014 a las entidades públicas adquirir el servicio de nube pública para alojar sus plataformas de servicio, operación, bases de datos, correos, portales transaccionales y varios servicios digitales para la ciudadanía, es una mala noticia. Y no primordialmente por lo técnico. Que prescriba un modelo de contratación pública probadamente transparente, que instauró un esquema de precios abierto, competitivo, en favor de compradores y que propendió a facilitar la adquisición de una tecnología fundamental para la operación de cualquier entidad, solo permitirá que regrese todo lo contrario.

Retornará la contratación a dedo, con disparidad de precios y condiciones de servicio, en el mejor de los casos. Fueron cuatro generaciones las que ya tuvo este acuerdo marco de nube pública, el cual, a la fecha, no ha logrado evolucionar a una quinta dados varios aspectos: el interés del actual gobierno por impulsar el concepto de ‘soberanía de los datos y nube local’, así como el de la ‘economía popular’, e incluirlos en el acuerdo de nube, para garantizar que los datos críticos del Estado y de los colombianos no se alojen en nubes públicas en el extranjero, una tendencia que, hay que decirlo, se da en muchos países. Ello, al tiempo que permita incentivar a empresas locales a prestar servicios de nube con centros de datos en el país y no depender únicamente de proveedores extranjeros.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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