Colombia cuenta con 104.191 personas privadas de la libertad cuando solo hay disponibles 82.052 cupos, es decir que hay una sobreocupación de 22.139 personas, lo que se traduce en un hacinamiento de más del 20 % en los 125 establecimientos carcelarios del país.

Las personas están condenadas por diferentes delitos, siendo el homicidio y el hurto los más cometidos, seguidos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, concierto para delinquir y actos sexuales indebidos con menor de 14 años.

Según la investigadora Yesenia Donoso Herrera, estudiante de la Maestría en Gobierno Urbano, del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, “el país tiene cárceles en los municipios que están prácticamente vacías y que se pueden aprovechar para reducir el hacinamiento”.

Esto implicaría eliminar la responsabilidad de los municipios, que a menudo carecen de los recursos necesarios y de influencia en las decisiones del sistema. Así el Estado sería el único encargado de la infraestructura, el financiamiento y la logística de las prisiones, aliviando a los municipios de una carga que no pueden sostener.

Según la investigadora, la unificación del sistema permitiría una distribución más equitativa de los recursos, facilitando el desarrollo de políticas más coherentes y adecuadas.

“Aunque la Constitución de 1991 representó un avance en términos de derechos y garantías para los ciudadanos, el problema carcelario persiste. La propuesta de recentralización podría mejorar las condiciones de los reclusos, permitiendo una gestión más eficiente y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de rehabilitación y reintegración social”, menciona.

Análisis UNAL: Saber para interpretar.

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