Colombia supera ya los nueve millones de víctimas registradas por el conflicto armado, y detrás de esa cifra hay territorios enteros que tuvieron que reconstruirse casi desde cero. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras devolvió predios y prometió reparación integral, pero ¿basta con devolver la tierra para devolver el bienestar? Esa es la pregunta que atraviesa el caso de Mampuján, en María La Baja, Bolívar: la comunidad protagonista de la primera sentencia condenatoria de Justicia y Paz del país, en 2010, y desde entonces un territorio pionero —y también accidentado— para poner a prueba la política de restitución.

Por eso la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, adelantó una investigación que comparó la vida de una cohorte de familias beneficiarias del Programa de Proyectos Productivos entre 2012 y 2025, cruzando encuestas de hogar con entrevistas y grupos focales. El estudio encontró que, mientras en 2012 lo que más dividía a las familias eran las carencias de vivienda y saneamiento, en 2025 la brecha se trasladó a la educación: casi la mitad de la población no tiene ningún nivel de formación académica. También reveló que la tierra restituida quedó repartida de manera muy desigual —la mitad de las familias tiene predios del tamaño de un lote urbano— y que buena parte de los recursos del programa terminó replicando el mismo modelo de monocultivo comercial que rodeó el despojo original.

Para hablarnos de esta investigación y de lo que significa para la política de restitución de tierras en Colombia, nos acompaña Luis Sigifredo Mora Toquica, Magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

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